La investigación por apología del terrorismo iniciada por la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial a propósito del texto escolar que no le pareció correcto a la congresista Mercedes Cabanillas, constituye una nueva expresión de un ambiente de cacería de brujas que es preocupante, intimidatorio y prepotente. El de los textos escolares no es, lamentablemente, un hecho aislado. El vicepresidente Luis Giampietri no ha tenido ningún reparo –ni le han puesto desde el gobierno reparo alguno– en su pretensión de convertir a la comisión de Inteligencia del Congreso y a la APCI en instancias para perseguir a una entidad que –como el IDL– no solo tiene ideas distintas a las suyas sino, peor aun, que participa en una acción judicial en su contra. Asimismo, el Ministerio de Defensa le ha abierto proceso penal a la bailarina Leysi Suárez por posar desnuda con una bandera, y a la directora de la revista que publicó la foto, la ex bailarina Daysi Ontaneda, por el supuesto delito de ultraje a los símbolos patrios. Es el mismo espíritu que parece estar presente en la investigación que, por apología del terrorismo, le han abierto a quienes resulten responsables del texto escolar que no le gustó a la congresista Cabanillas. Ella asegura que su intención era abrir un debate pedagógico. Lamentablemente, sin embargo, el mismo Ministerio Público que es tan timorato, tan miedoso, tan modosito a la hora de acusar a un congresista o político con poder que ha sido encontrado en flagrante acción con las manos en la masa –como Elsa Canchaya–, ha transformado ese foro educativo en penal y le ha encargado a la Dircote que examine el texto escolar, lo cual es una aberración inaceptable en una democracia. ¿Desde cuándo la Policía revisa textos escolares? Más útil sería, sin duda, la opinión del Consejo Nacional de la Educación, la cual se presenta en esta edición y concluye que no hay problemas con el texto. ¿Querrán ahora decir que el CNE es un centro terruco? Lo que está ocurriendo es una vergüenza para el país, pues son señales de la puesta en marcha de un aparato policíaco –usando a un Ministerio Público crecientemente sinuoso y cercano al poder político– para intimidar y alinear comportamientos al gusto del régimen de turno.