El acuerdo de someter a referéndum la nueva Constitución de Bolivia, en enero de 2009, aprobado por una amplia mayoría del Congreso de ese país el 21 último, es un triunfo del presidente Evo Morales y de los sectores de la oposición que posibilitaron un acuerdo con el oficialismo. Como parte de la negociación se modificaron más de cien artículos del proyecto constitucional. En el proceso tomaron parte las fuerzas políticas con representación en el Congreso: MAS, Podemos, UN y MNR. La oposición parlamentaria, dirigida por el ex presidente Jorge Quiroga (Podemos), participó activamente del acuerdo. El propio Quiroga felicitó a los diputados y senadores de su partido por el logro alcanzado. La “media luna” opositora se quebró: los parlamentarios de Tarija y de Pando se quedaron en el hemiciclo y votaron a favor, mientras que los de Chuquisaca, Beni y Santa Cruz tuvieron una posición contraria. La negociación entre las partes enfrentadas se convirtió en una exigencia política después de los resultados del último referéndum revocatorio, que confirmó a la mayoría de los prefectos departamentales –incluidos los opositores, salvo los de La Paz y Cochabamba–, pero que, a su vez, otorgó al presidente boliviano una amplia votación favorable (en torno al 70%). La mayoría de la comunidad internacional apuntó también hacia la negociación, sobre la base del reconocimiento de la legalidad y legitimidad del Gobierno Nacional. La Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) se pronunció por el consenso, así como la OEA y la Unión Europea. Es un hecho novedoso, en el contexto latinoamericano, que la crisis boliviana vaya encontrando solución a pesar de la posición contraria de Estados Unidos. Aun cuando queda un núcleo opositor duro, la negociación ha permitido que el texto considere importantes reformas demandadas por la oposición, como el reconocimiento de las regalías y autonomías departamentales. El presidente Morales aceptó, además, –este fue el paso decisivo– no presentarse a un tercer período presidencial consecutivo. La nueva Constitución contiene, asimismo, cambios importantes sobre la estructura del Congreso, el régimen electoral, la tenencia de tierras, la justicia indígena y el aprendizaje obligatorio de idiomas de pueblos indígenas, entre otros. Si el Gobierno se sigue conduciendo con habilidad y en democracia, el logro puede representar un cambio sustantivo en la disposición de fuerzas internas en Bolivia. El mayor protagonismo de los indígenas, superando previsiones catastróficas sobre el futuro de ese país, permitirá una efectiva democratización del Estado al hacer posible el cumplimiento de un principio liberal fundamental: la igualdad de oportunidades, sin distinción social ni cultural.