Con el propósito de afianzar la política anticrisis, el Poder Ejecutivo envió al Parlamento una iniciativa de ley para que los auditores del sistema nacional de control no cuestionen las decisiones que adopten los funcionarios responsables de la ejecución de proyectos de inversión. Los auditores, refiere la propuesta, deberán observar “en todo momento el respeto a la presunción de licitud en la actuación de los funcionarios”. La propuesta establece además que, en caso los auditores hicieran denuncias posteriores, las entidades respectivas brindarán a dichos funcionarios asesoría y defensa legal. Durante el pleno de ayer, la parlamentaria Rosas Florián (UN), presidenta de la Comisión de Descentralización, demandó que dicha iniciativa pase primero a discusión de su grupo.