Seguramente por desconocimiento, el presidente Alan García y el premier Jorge del Castillo promulgaron el sábado un decreto supremo que afecta sustantivamente la estabilidad de los organismos reguladores de servicios públicos. A partir de ahora, los presidentes de estas entidades tendrán la facultad de nombrar y remover a todos los gerentes de acuerdo con su criterio individual y ya no como una decisión colegiada de los integrantes de sus consejos directivos. ¿Es esto importante? Claro que sí, pues significa un retroceso grave en un avance logrado en los últimos años en la organización de estas instituciones al concentrar -sin fundamento- la conformación gerencial de los organismos reguladores en una sola mano -la del presidente- en lugar de hacerlo tomando en cuenta el punto de vista del resto de sus colegas de la instancia directriz de la entidad. En lugar de avanzar hacia el necesario fortalecimiento de los reguladores, esto los debilita pues los hace más vulnerables frente al poder político. La autonomía indispensable que estas requieren corre ahora el riesgo de verse seriamente mellada. Una expresión del error que significa esta norma es que, a los pocos días de ser promulgada, ya ha producido turbulencia en Osiptel, donde ha ocurrido -al amparo de la misma- la destitución del gerente general y la renuncia de tres de los cuatro miembros de su consejo directivo. Habrá que ver qué ocurre en los días siguientes en el resto de reguladores de servicios públicos. La señal implícita en todo esto es el peligro de la inminente politización de entidades que deben tener un carácter técnico. En este sentido, es lamentable que los ministros Luis Carranza y Verónica Zavala, quienes ya estaban alertados del riesgo de esta norma, no hayan podido detenerla o -peor aún- se hayan hecho de la vista gorda. Este decreto debería anularse cuanto antes, salvo que el gobierno pretenda debilitar a los organismos reguladores y, de este modo, proyectar señales lamentables en sectores económicos en donde se requiere estabilidad para promover la inversión privada.