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Luego de varias postergaciones, la Comisión de Constitución del Parlamento aprobó ayer, por unanimidad, la ley de libertad e igualdad religiosa, que permitirá que las diferentes entidades religiosas gocen de los mismos derechos, obligaciones y beneficios económicos y tributarios que tiene actualmente la Iglesia Católica.

La norma aprobada desarrolla el artículo 2, inciso 3 de la Constitución, que reconoce el derecho de toda persona a la libertad de conciencia. Hace lo propio con el artículo 50 de la Carta Magna, que señala que el Estado “reconoce a la Iglesia Católica como elemento importante en la formación histórica, cultural y moral del Perú, y le presta su colaboración”, pero que, al referirse a las “otras confesiones”, solo refiere escuetamente que “las respeta y puede establecer formas de colaboración con ellas”.

DISCRIMINACIÓN. La legisladora Alda Lazo, uno de los impulsores del proyecto, explicó que se busca poner fin a la discriminación que padecen algunos miembros de confesiones religiosas distintas a la Católica, y que representan el 12.5% de la población nacional. Sobre todo –dijo– en los campos educativo, judicial, policial o penitenciario, entre otros.

Lo cierto, sin embargo, es que, a partir de la promulgación de la norma, pendiente de aprobación por el Pleno, las entidades religiosas –previa inscripción en el Registro de Confesiones del Ministerio de Justicia– podrán, además, suscribir convenios de colaboración con el Estado, lo que les dará derecho a recibir subvenciones económicas, tal como ocurre actualmente con la Iglesia Católica.

Asimismo, gozarán de los beneficios tributarios ya existentes en el ordenamiento jurídico nacional que otorga el Estado.