A inicios de marzo del año pasado, el parlamentario aprista Mario Arturo Alegría Pastor cuestionó severamente –en su condición de integrante de la Comisión de Ética– a su colega Rocío González Zúñiga por no haber consignado en la hoja de vida de candidatos electos en los comicios generales de 2006, que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la sentencia judicial que pesaba en su contra por delito contra el patrimonio en la modalidad de defraudación. Hoy, un año y medio después, el legislador liberteño, quien fue sentenciado en noviembre de 2000 por un delito similar al de González y que, al igual que ella, tampoco consignó este antecedente judicial en su declaración jurada, alega que omitió esta información “porque el caso estaba cerrado” y porque –según dice– la sentencia en su contra fue producto de una maniobra del entonces régimen fujimorista. Lo más preocupante es que, en declaraciones a Perú.21, el parlamentario aseguró, sin mencionar nombres, que en su partido “todos estaban informados” sobre la sentencia en su contra. ANTECEDENTES. Los antecedentes de este caso se remontan a 1998, cuando Alegría –quien en algún momento fue voceado como posible ministro de Agricultura en este segundo gobierno aprista– fue denunciado por hurto de energía eléctrica en agravio de la empresa regional Electro Norte-Medio-Hidrandina S.A. en la ciudad de Pacasmayo, departamento de La Libertad. Luego de dos años de proceso judicial, fue sentenciado a un año de pena privativa de la libertad suspendida. Este fallo fue ratificado en segunda instancia en enero de 2001 debido a que, de acuerdo con la resolución, se acreditó “de manera suficiente” la comisión del delito. Pese a ello, no consignó esta información en la hoja de vida que, con carácter de declaración jurada, presentó al Jurado Nacional de Elecciones. De haberlo hecho, tal como lo dispone la Ley Nº 28624, quizá los 22,499 pobladores de La Libertad que avalaron su elección no habrían votado por él. FALSEDAD GENÉRICA. Fuentes del Ministerio de Justicia manifestaron a este diario que Alegría podría ser denunciado por delito de falsedad genérica pues mintió al no consignar sus antecedentes penales y judiciales en un documento que tiene valor legal y poder de prueba plena. “Se entiende que la hoja de vida es el reflejo del candidato ante la ciudadanía, uno tiene que mostrarse tal como es”, añadieron. Cabe recordar que precisamente días atrás, a raíz del caso de Rocío González, el procurador del Congreso, Julio Ubillús, defendió también esta postura. La decisión sobre una eventual acusación penal, en todo caso, está en manos ahora de la Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones. Este diario trató de comunicarse con el responsable de esa instancia, pero se informó que requiere de la autorización previa del titular de Justicia, Aurelio Pastor. QUITAN CUERPO. Entre tanto, el primer ministro, Javier Velásquez, declinó pronunciarse al respecto arguyendo que no conocía el tema pese a que este fue difundido por la prensa en la víspera. “El Parlamento procesa ese tipo de hechos y tomará su decisión en su momento. Esa pregunta habría que hacérsela al presidente del Congreso”, sostuvo. Cuando se le preguntó si habría algún tipo de favoritismo en el tratamiento de este caso por tratarse de un aprista, el premier insistió en que le corresponde a Alva Castro pronunciarse. El miércoles, al término de una audiencia pública en el Callao, este diario le hizo la consulta a Alva. Allí, sin embargo, prefirió, una vez más, hacer oídos sordos ante la interrogante y se retiró con rapidez del lugar fuertemente custodiado.