ELSA CANCHAYA. Contrató como asesora “en temas tributarios” a su empleada doméstica Jackeline Simón, quien solo tenía secundaria completa y cursaba el primer año de Enfermería en un instituto técnico. Dos meses después de estallado el escándalo, el Congreso levantó su inmunidad parlamentaria. Elsa Canchaya afronta, actualmente, un juicio penal por el delito de nombramiento indebido del cargo. TULA BENITES. Contrató como auxiliar a Juan Carlos Cuadros, quien nunca acudió a laborar y, según propia confesión, entregó a la congresista el control de la cuenta bancaria donde le depositaban el sueldo. Después de 10 meses, durante los cuales el Apra intentó salvar a su 'compañera’, el Pleno le levantó el fuero parlamentario. Benites es procesada por colusión, peculado y falsedad genérica.