Los legisladores upepistas José Oriol Anaya Oropeza y Margarita Sucari Cari se encuentra ad portas del desafuero luego de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobara ayer, por mayoría, la denuncia presentada en contra de ellos por el procurador Julio Ubillús por haber adulterado sus boletas de venta de consumo de pollo a la brasa para cubrir sus gastos operativos, en el primer caso, y por haberle recortado el sueldo a una ex trabajadora, en el segundo. En el caso de Anaya, la decisión política está tomada y, de no mediar inconvenientes, este sería acusado ante el Poder Judicial por los delitos contra la administración de justicia (falsa declaración), contra la fe pública (falsificación de documentos) y peculado. El vocero de Unidad Nacional, Luis Galarreta, sostuvo que en el último Consejo Directivo se percibió el criterio casi unánime de que este caso debe ser definido rápidamente. “Lo ideal sería que mañana (hoy) la acusación sea aprobada por la Comisión Permanente y, el jueves (mañana), por el Pleno”, enfatizó. No obstante, el reglamento del Congreso prevé que deben transcurrir no menos de dos días hábiles para que la Permanente vea el tema, con lo cual recién la próxima semana se produciría el desafuero. Ayer, en una sola jornada, la Comisión de Ética aprobó, en horas de la mañana, solicitar que se le aplique la máxima sanción disciplinaria a Anaya (120 días de suspensión) y, en la tarde, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales le dio luz verde a la denuncia. En la subcomisión no fue necesario debate alguno. El informe acusatorio presentado por Carlos Bruce fue respaldado por ocho de sus 10 miembros. Solo se abstuvieron los parlamentarios Edgard Reymundo y Francisco Escudero (UPP). ÚLTIMO MANOTAZO. Anaya movió sus últimas piezas e intentó dilatar el proceso en la Comisión de Ética con nuevas copias de sus boletas de venta emitidas por la pollería. Pero el mismo legislador había denunciado, días atrás, la pérdida de los originales de estos documentos. Preguntado sobre cómo tiene copias de documentos que, según dice, le fueron extraídos, respondió que las había “bajado de la televisión”. Galarreta comentó que ello no es posible porque en el programa Prensa libre no se difundieron dichos documentos. Pero Anaya intentó otros caminos. Fuentes parlamentarias revelaron a Perú.21 que este congresista habría intentado presionar a la presidenta de la comisión, Elizabeth León, para que no se viera su caso. Según trascendió, León le habría explicado sobre el acuerdo de los portavoces para acelerar el caso, pero Anaya le habría respondido con amenazas a su colega de bancada. CASO SUCARI. A diferencia de la denuncia contra Anaya, el caso Sucari tiene su propia complejidad a pesar de haber sido aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por cinco votos contra cuatro. La diferencia está en la actitud asumida por los tres apristas: Wilder Calderón, Franklin Sánchez y Julio Herrera, quienes se sumaron a Reymundo en los votos en contra del informe acusatorio del nacionalista Daniel Abugattás. Los apristas intentaron evitar la denuncia con el argumento de que Sucari solo había incurrido en una falta ética. Cabe recordar que, en la Comisión de Ética, la legisladora aprista Fabiola Salazar fue quien solicitó que se redujera, de 120 a 60 días, la suspensión para Sucari, pedido que fue aprobado y que está pendiente en el Pleno.