La declaración del estado de insurgencia por parte de los dirigentes nacionales de las comunidades nativas agrupadas en Aidesep –representados por Alberto Pizango–, luego de la declaratoria de emergencia en las provincias amazónicas por parte del Gobierno, es un grave error. Además de ser demagógica, divide a su interior, aleja a sectores de opinión favorables a sus demandas y potencia peligrosamente el caos. Por ello, da la impresión de que el señor Pizango y su grupo impulsan irresponsablemente un juego propio en el interior de la dirigencia nacional, lo que podría derivar en la pérdida de legitimidad de los reclamos de sus representados. La Aidesep debe dar un paso atrás y facilitar la instalación de la mesa de diálogo con el Gobierno. El premier Yehude Simon y el ministro de Ambiente, Antonio Brack, han asegurado que esta se establecería de todas maneras, y en el más breve plazo. La lucha del año pasado de las comunidades nativas contra varios decretos legislativos promulgados por el Ejecutivo –en el marco de la aplicación del TLC con los Estados Unidos–, por ser estos dispositivos inconstitucionales y por afectar los derechos de los comuneros, tuvo una amplia acogida regional y nacional. El efecto práctico fue la derogatoria de los decretos legislativos 1015 y 1073, que afectaban derechos vinculados a la tierra y a las comunidades. Otros dos decretos (1081 y 1083) quedaron derogados al aprobarse la Ley de Recursos Hídricos (o Ley de Aguas) en marzo de este año. Sin embargo, esta última norma recoge varios artículos controversiales de los decretos 1081 y 1083, en particular los que abren la posibilidad de privatizar la gestión de los recursos hídricos. Se establece la modalidad de concesión del agua, lo que despierta fundados temores en el mundo rural, sobre todo después de las lamentables muestras de ineficacia del Estado para supervisar y regular a los beneficiarios de las concesiones. El Decreto Legislativo 1064 también es un grave problema. Al modificar la Ley de Tierras (1995), le entrega al Estado la capacidad de imposición de la servidumbre para transferir tierras de las comunidades a terceros (empresas petroleras, mineras, forestales) sin tener el acuerdo de aquellas, condición que sí estaba establecida en la norma anterior. El reciente error de un sector de la dirigencia de las comunidades nativas no minimiza el hecho de que los decretos fueron aprobados como parte de la ofensiva a favor de la gran inversión que desató el presidente Alan García bajo la denominación de 'El perro del hortelano’. Algo aun más importante: las comunidades indígenas reclaman una estrategia de desarrollo que las incluya, que respete sus derechos ancestrales y que reconozca sus identidades culturales.