Santiago Manuin, uno de los principales dirigentes de los pueblos amazónicos del Perú, de trayectoria admirable, está hospitalizado en Chiclayo luego de resultar con heridas de gravedad por el impacto de las ocho balas que recibió durante el desalojo de la llamada 'Curva del Diablo’, en Bagua. Él soporta, además, un juicio por múltiples acusaciones: autor intelectual de homicidio calificado e insurgencia y autor directo de toma de carreteras. El juez ha rechazado el pedido de la defensa de cambiar la orden de detención que pesa contra él por la de comparecencia; la defensa ha apelado y es de esperar que la decisión se modifique. Sería una buena señal. No se debe soslayar que la información fiscal asegura que los indígenas no estaban armados, el día del enfrentamiento, en el lugar mencionado. Al mismo tiempo, si bien en este momento el Ejecutivo no puede intervenir en favor de Manuin porque sería una intromisión en los fueros del Ministerio Público y del Poder Judicial, sí puede –y debe– designar de inmediato a sus representantes en la Mesa de Diálogo que tiene como tarea investigar los sucesos de Bagua, por qué se llegó a esa situación límite y qué lecciones extraer para que no vuelva a ocurrir algo semejante. Sería otra importantísima señal. El funcionamiento de esta Mesa es, además, una recomendación especial del relator de Naciones Unidas para pueblos indígenas, James Anaya. Los obispos de la Iglesia Católica y organizaciones sociales de la zona se han sumado al pedido. Sería otra buena señal. Por último, el 29 de agosto próximo, los comuneros de Putis (Ayacucho) enterrarán los restos de sus muertos ya identificados, asesinados en diciembre de 1984 por los militares destacados en la base recién instalada en ese pueblo y exhumados el año pasado de una pavorosa fosa común. Los representantes de la comunidad –el alcalde y el presidente del comité de familiares de las víctimas–, como informaron en conferencia de prensa y en entrevista con Radioprogramas a la que asistieron con su abogado, demandan que el Ministerio de Defensa dé los nombres de los oficiales que estaban en la zona en la fecha de la masacre para que pueda hacerse justicia y promover que no se repitan acciones de este tipo. Pero además demandan, en un acto que puede parecer contradictorio, pero que muestra su requerimiento de una mayor presencia del Estado –del que se sienten parte aunque ninguna autoridad central haya sabido ofrecerles disculpas por la barbarie cometida–, la instalación de una base militar que los proteja de Sendero Luminoso, que garantice el orden y, ahora sí, el respeto a sus vidas. Una oportunidad de oro para que el presidente de la República, como principal representante del Estado peruano, dé claras señales de que todos los peruanos tienen –tenemos– iguales derechos y que existe voluntad de rectificación.