La estricta reserva con la que la jueza María Martínez –a cargo del proceso judicial del caso Business Track (BTR)– maneja la información copiada de las computadoras incautadas a los socios y empleados de la referida empresa ha originado que, por segunda vez en menos de dos semanas, el presidente del Congreso, Luis Alva Castro, salga al frente para exigir que se envíe copia de los archivos a la comisión parlamentaria encargada de investigar el 'chuponeo’ telefónico. Pero, en esta oportunidad, Alva Castro no se refirió a una eventual denuncia contra la magistrada. Esta vez fue más allá. Sin poder asegurarlo, dijo que existirían “personajes poderosos” que vienen presionando a la jueza para que esta se rehuse a entregar el material. “Yo tengo la sospecha y la duda (de que existe alguien poderoso que presiona a la jueza Martínez) porque, si soy provisional, tengo que cuidar mi puesto y algo debo hacer (para mantenerlo)”, señaló el legislador aprista. En otro momento, el titular del Legislativo volvió a defender los fueros de competencia de las comisiones investigadoras y, en ese contexto, afirmó que es la primera vez que un juez no atiende los requerimientos del Parlamento. “La reserva significa que no se haga pública la información, pero la comisión sí la debe examinar. A ninguna comisión se le ha negado información, esta es la primera vez que pasa. Una cosa es la reserva, otra el secreto, y acá hay muchas sospechas sobre la provisionalidad de la jueza”, manifestó. ¿DEMANDA ANTE TC? Similar actitud a la de Alva Castro tuvo ayer el presidente de la comisión del 'chuponeo’ telefónico, Oswaldo Luízar, quien adelantó que mañana presentará –ante el Tribunal Constitucional– una demanda de competencia a fin de que sea este colegiado el que obligue a la jueza Martínez, a través de una resolución, a entregar los documentos de BTR. “El viernes, el presidente de la Corte Suprema nos ha enviado un oficio diciéndonos que dirijamos nuestro pedido de información a la jueza. Es decir que el vocal (Javier) Villa Stein se está lavando las manos en este tema”, dijo el legislador del Bloque Popular. Sin embargo, la demanda que pretende plantear el congresista, al parecer, no daría los frutos que espera. De hecho, el integrante de ese colegiado Fernando Calle dejó en claro que no es competencia del tribunal ordenar a un magistrado (sea fiscal o juez) que entregue información sobre una investigación en curso. “Al tribunal no se le puede plantear una contienda de competencia como esta. La función fundamental de su existencia es controlar la aplicación de la Constitución y velar por el buen balance de los poderes del Estado”, explicó.