Por un momento, deje volar su mente. Imagínese que la cocaína o la marihuana no se venden más en los callejones recónditos y oscuros de Lima ni en las esquinas, de noche y a escondidas o por delivery. Por el contrario, estas sustancias se comercializan libremente en las farmacias promovidas por el Ministerio de Salud (Minsa). ¿Imposible? ¿Jalado de los pelos? Pues, para el alcalde de Surquillo, Gustavo Sierra Ortiz, esta debería ser la política del Gobierno en la lucha contra las drogas. El burgomaestre lanzó ayer la propuesta e informó que elaborará una iniciativa legislativa para entregarla al Ejecutivo. Además, pedirá una audiencia para plantear y defender su polémica postura de manera oficial. DETALLES. Sierra está convencido de que es el Estado quien debe hacerse cargo de la venta legal a través de un padrón oficial de adictos. En su opinión, la Ley 28002, que determina el marco legal para el tráfico ilícito de drogas, es “hipócrita” pues, entre otras cosas, indica las cantidades máximas de posesión de sustancias y plantas prohibidas (ver recuadro), pero no dice dónde adquirirlas. “Lo que estoy proponiendo es que el Estado asuma un rol protagónico. Se dice de qué manera usarla, pero no cómo obtenerla. Esto es contradictorio porque ignora el problema de la comercialización, el cual debería estar regulado”, señaló. Según la propuesta de Sierra, los adictos empadronados serían tratados por especialistas del Minsa. La propuesta plantea entregar a diario las dosis máximas permisibles por la ley y, poco a poco, ir reduciendo la cantidad hasta lograr la rehabilitación. Los médicos harían un monitoreo a los pacientes y a su familia. La idea es que en seis meses o un año, como máximo, la adicción podría ser controlada. Sierra está convencido de que se eliminaría la microcomercialización. Opinó que quienes hacen la ley, como los congresistas, no conocen a fondo la batalla diaria que se libra con los traficantes, como ocurre en su distrito, considerado uno de los más peligrosos.