El Tribunal Constitucional informó que ha admitido la demanda de inconstitucionalidad que planteó, hace poco, la Defensoría del Pueblo contra el Decreto Legislativo 1064, que los nativos y diversos sectores consideran que también es contrario a la Carta Magna. El máximo órgano de control constitucional explicó que el siguiente paso es correr traslado de la demanda al Poder Ejecutivo que, al amparo de facultades delegadas, dictó esa norma, que aprueba el régimen jurídico para el aprovechamiento de las tierras de uso agrario. El Legislativo tiene 30 días para responder, tras lo cual se fijará una fecha para la vista de la causa.