El régimen constitucional peruano se parece mucho a nuestras luces rojas. Esta ahí como un referente que podemos tomar en cuenta o no, sin que ello haga mayor diferencia. Se supone que tenemos unos términos básicos –una Constitución– que establecen los espacios dentro de los que podrá actuar el poder y sus límites (nuestros derechos fundamentales). Y se supone también que, como quienes deciden estas actuaciones son elegidos por el pueblo, no caben levantamientos contra las mismas que puedan llamarse democráticos (especialmente desde que acá quien decide es el “pueblo” en el sentido restringido, que lo último que hubieran querido los sectores altos es acabar escogiendo entre Humala y García). Pero, sin embargo, ahí tenemos al gobierno actuando como si sólo se pudiese gobernar vía mesas de diálogo, como si todo lo anterior fuera humo, como si no hubiera legitimidad alguna para el poder. 325 acuerdos. 325 compromisos del pueblo con el poder. Montones de minicartas magnas alcanzadas por –o arrancadas a– ese Juan sin Tierra itinerante que en el Perú se ha vuelto el primer ministro. Eso es lo que lega nuestro honesto ex premier a su sucesor. Casi todas ellas representan un cabe para el sistema constitucional. Y es que si un gobierno elegido democráticamente actúa dentro del marco constitucional, no puede haber levantamientos legítimos. No de las minorías intentando meter por la ventana lo que no cupo por la puerta electoral; no de las mayorías que eligieron a quienes están decidiendo (o al menos no sin un sentido de vergüenza y responsabilidad que atempere sus protestas). Tampoco caben, por otra parte, mientras que no haya dictadura, revueltas democráticas cuando un poder estatal actúa más allá de la ley, porque para eso hay canales legales (que incluyen toda una cadena de representación, además de instituciones como el sistema judicial, el TC, la Defensoría del Pueblo o la libertad de prensa), y negociar al margen de ellos supone hacer lo mismo que aquellos contra quienes se protesta. Se dirá que nuestro sistema es de papel, que los canales son sólo formales, que las leyes no se cumplen. Pero, ¿cómo podrían jamás llegar a cumplirse si el propio encargado de ejecutarlas – el gobierno– las trata como inexistentes y negocia con cada grupo la refundación del Estado –lo que podrá hacer y lo que no– y las decisiones del gobierno? Si el huaico de nuestras postergaciones históricas no se canaliza (es decir, si nuestro sistema constitucional continúa siendo como nuestras luces rojas), nos llevará a todos por delante, comenzando, naturalmente, por los más postergados. Y es imposible canalizarlo sin que el Estado comprenda que el derecho, una vez tiene un origen legítimo, debe mandar, no polemizar. Que, en fin, como decía Cicerón, jamás tendremos oportunidad de ser libres sino comenzamos por ser todos esclavos de la ley.