Guido Lombardi,Opina.21
glombardi@peru21.com

El proceso de revocatoria que culminará en 60 días ha adquirido las peores características de nuestros procesos electorales. La descalificación personal, las alusiones racistas, la mentira y el desatino. Aunque en ambos bandos hay representantes de ese detestable estilo, es en las filas de los revocadores donde encontramos los ejemplos más turbios: personajes vinculados al SIN de Montesinos, financistas que no tienen para pagar el alquiler de su vivienda, comerciantes de La Parada que quieren recuperar sus antiguos privilegios, transportistas opuestos a cualquier intento de darle orden y racionalidad a ese esencial servicio público. En general, gentes que son incapaces de ver más allá de sus propios intereses económicos o políticos. Ninguna capacidad, entre ellos, para debatir sobre los problemas de fondo de Lima. Una ciudad que, por ejemplo, apenas es capaz de procesar el 16% de sus aguas servidas. Que moviliza al 60% de sus habitantes en “combis” o “cúster”, en condiciones de inseguridad, incomodidad y lentitud verdaderamente descomunales; cuyo servicio de taxis (somos la única capital de América con taxis sin taxímetros), mayoritariamente informal, contribuye a una congestión vehicular que cuesta millones de dólares en horas hombre perdidas y en combustible desperdiciado.

Que se pretenda responsabilizar a la alcaldesa de esos problemas no resueltos, y que se haga desde la semana misma en que inició su gestión, resulta una exageración y una injusticia. Es cierto que ha cometido infinidad de errores, en parte porque llegó a la administración municipal sin un equipo adecuado y afiatado, pero ha demostrado coraje y decisión para enfrentar problemas que su antecesor evadió olímpicamente con su hierática mudez. Me temo, sin embargo, que existen altas posibilidades de que la alcaldesa sea revocada.

Si eso llegara a suceder, sería una ocasión para revisar algunos aspectos centrales de nuestra legislación electoral, incluido el voto obligatorio.