Metro de Lima: ¿Qué opciones tiene el Estado para solucionar las disputas?

En enero de 2017, la sociedad concesionaria del proyecto Línea 2 del Metro de Lima planteó una solicitud de arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) contra el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) por un “incumplimiento grave” del contrato de concesión. La semana pasada, el Ciadi estableció que el Estado peruano no cumplió parte del contrato de concesión que mantenía con el consorcio.

Esta obra tiene un contrato de concesión por 35 años, contados desde su firma el pasado 28 de abril de 2014 y representa una inversión de US$ 4,530 millones, sin incluir el IGV.

Carlos Ugaz Montero, consultor especializado en Proyectos de Infraestructura y ex director ejecutivo de la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, señala que el Ciadi ha emitido una resolución preliminar que no ha sido del todo favorable para el Estado peruano. No se trata de un laudo arbitral.

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“En este arbitraje se deben distinguir claramente dos etapas: la primera entre el 2014 y el 2016, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala, y la segunda desde mediados del 2017 en adelante. Casi todos los incumplimientos del Estado corresponden a la primera etapa del proyecto. En ese periodo el Estado tuvo las demoras en la entrega de las Áreas de la Concesión por las que hoy nos están sancionando, y donde surgieron las principales discrepancias en los temas técnicos”, señaló.

Agregó que “el error nace desde el mismo Contrato de Concesión, donde el Estado se comprometió a entregar Áreas de Concesión en fechas que, desde un inicio, eran absolutamente irrealistas, licitándose la obra con ingeniería conceptual y sin tener contratada la supervisión internacional que entró al proyecto casi un año después de adjudicado el mismo”.

Por ello, desde su perspectiva, las futuras líneas 3 y 4 del Metro de Lima y Callao deben ejecutarse con estructuras contractuales realistas, como las oficinas técnicas de Gestión de Proyectos (los conocidos PMOs), y aprovechando la coyuntura internacional actual, donde lo que sobra en el mundo son recursos económicos y más bien hacen falta buenos proyectos que sean atractivos para todos.

Camilo Carrillo, economista senior del Consejo Privado de Competitividad (CPC), indicó que hay otros mecanismos de inversión, como los acuerdos de Gobierno a Gobierno (GtoG), en los que la resolución de disputas se resuelve de manera mucho más amigable.

“Hay un diálogo entre las partes para poder solucionar los problemas, lo que no fomenta la ley de contrataciones, que es un esquema en el que más se cumple lo que está en el papel y si hay alguna desviación termina en un arbitraje”, comenta.

Además, destaca que los GtoG se han adecuado se han adecuado a la realidad de acción que se tiene sobre un proyecto. Carrillo explica que en muchos casos había poca información de los estudios de los proyectos que se querían hacer y al no tener los estudios finalizados las modalidades de contratación tradicional te hubieran exigido hacer primero los expedientes técnicos y luego hacer la licitación de la obra.

“Pero con los GtoG se pudo avanzar en ambos frentes al mismo tiempo y hacer qué empresas especializadas asesorarán al gobierno y tuvieran un mejor manejo de los tiempos, así como incentivos para acabar en menor tiempo la obra. La realidad nos ha llevado a buscar estos mecanismos que nos dan más facilidad que la ley de contrataciones, más afectivos”, señaló Carrillo.

En esa línea, Ugaz Montero precisó que, por su propio método de trabajo, permite una solución cuando el problema es menor, “y todavía se puede solucionar mediante la colaboración de todos los involucrados, no cuando las reacciones se han tornado irreconciliables, como suele ocurrir cuando se llega a la vía arbitral. Es preventivo y proactivo, aporta soluciones desde etapas previas al conflicto, dejando el “look ahead planning” (periodo de trabajo inmediato) libre de incompatibilidades, sin retrasos en el cronograma de ejecución de la línea base”.

Finalmente, recordó que en los G2G el Gobierno extranjero no ejecuta directamente ninguna obra, sino que actúa como Asesor Técnico del Estado Peruano a través de una PMO, quien es el que a su vez licita y adjudica los diferentes componentes del proyecto a diferentes contratistas bajo normas internacionales.

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