La burocracia es el problema, no la Constitución

En ocho departamentos del país se ha ejecutado menos del 50% del presupuesto asignado a los gobiernos locales (municipios). (Foto: MTC)

Actualizado el 21/12/2022, 07:00 a.m.

Por Asociación de Contribuyentes

A pocos días de culminar el año, los gobiernos regionales y municipalidades apenas han ejecutado un poco más de la mitad de los recursos disponibles para la inversión pública. Esto se observa en datos del Ministerio de Economía (MEF) al 12 de diciembre, que muestran un avance del 51.5% del presupuesto de 2022, dejándose de gastar 22,137 millones de soles. Esto es increíble e inaceptable.

En ocho departamentos del país se ha ejecutado menos del 50% del presupuesto asignado a los gobiernos locales (municipios), quienes además acumulan, entre los ocho, unos 8,105 millones de soles que no se están utilizando, a pocos días de finalizar este año. Pasco (32.6%), Áncash (37.6%) y Arequipa (43.1%), son los departamentos que peor desempeño muestran en el avance de la ejecución.

Con este nivel de burocracia, indiferencia, ineficiencia e inutilidad, es comprensible que el pueblo sea fácil de confundir y piense que una nueva constitución cambia las cosas. Felizmente la mayoría sabe que no es así. Las últimas encuestas muestran que pocos quieren un cambio total de la Constitución, solo quieren reformas.

¿Qué ha pasado con la ejecución del dinero de los contribuyentes? En primer lugar, el presupuesto modificado para la inversión pública de los gobiernos regionales y locales aumentó un 30% en el 2022 con respecto al 2021. Entonces, tienen más plata y la usan peor.

Considerando solo a los gobiernos locales en dicho periodo, el aumento fue del 27%. Sin embargo -como mencionamos líneas atrás- el nivel de ejecución para este año deja mucho que pensar y enciende las preocupaciones cuando lo contrastamos con los niveles de años previos, cuyo promedio ha sido del 60% (2017-2021). Ojo: 60% de ejecución es muy malo de todas formas.

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El punto es claro: los gobiernos regionales y locales están recibiendo mucho más dinero, pero son los que menos capacidades tienen para usarlos. Se les quiso dar dinero para “descentralizar”, también para ‘quitar responsabilidad’ al gobierno nacional, o simplemente para ‘congraciarse’ con autoridades locales. Sin embargo, de nada sirve todo esto si los funcionarios en los gobiernos no saben usar el dinero ni diseñar proyectos ni menos ejecutarlos.

En tercer lugar, y a pesar de las visibles deficiencias en el manejo de los recursos públicos, existe una marcada insistencia en aumentar año tras año el presupuesto de inversión para los gobiernos subnacionales, creciendo un 57% desde 2017. Nos quitan más dinero desde la Sunat, el dinero se va al Estado y en vez de gastarse en servicios, programas de desarrollo o infraestructura, ahora tenemos más sueldos, más funcionarios, más planillas y más gasto corriente. Así no se puede seguir.

Hay que hacer hincapié, además, en que en el presupuesto aprobado para 2023 las asignaciones a los gobiernos subnacionales son las más altas de la última década, por lo que se está apostando por una mayor inversión a través de estos, ignorando completamente hechos concretos como la gran cantidad de obras paralizadas, la no ejecución de recursos, la corrupción y hasta el rechazo de la población, donde la municipalidad distrital tiene una tasa de desconfianza del 82% y la municipalidad provincial del 80%, según el INEI.

La desconfianza de la población no es coincidencia y tampoco pareciera que pueda retroceder. De hecho, se presenta a partir del cada vez más marcado deterioro en la calidad de vida y de los servicios públicos, situación que se enfrenta a un panorama marcado por una crisis económica, política y social.

Entonces, si somos conscientes que los gobiernos subnacionales poseen deficiencias en el manejo de los recursos y a su vez, son responsables de gestionar el 52% del presupuesto destinado a salud; 61% a educación; 79% a agua y saneamiento; y 60% a transporte, entendemos las razones por las que no se terminan de cubrir las brechas ni reducir la pobreza monetaria, y por qué grupos y políticos convenidos gritan y gritan “Asamblea Constituyente” cada vez que pueden.