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Una serie de denuncias revela la existencia de mafias al interior de la Dicscamec. A cambio de 250 soles se falsifican exámenes médicos, pruebas de tiro, entre otros, con el fin de obtener una licencia para portar armas.

Sin control. Los exámenes médicos y las pruebas de tiro, requisitos para obtener las licencias, también son adulterados. (USI)
Sin control. Los exámenes médicos y las pruebas de tiro, requisitos para obtener las licencias, también son adulterados. (USI)

Lourdes Fernández
lfernandez@peru21.com

La entrega de licencias para portar armas de fuego en nuestro país se ha convertido en un rentable negocio. Aunque parezca increíble, desde un menor de edad, una persona con problemas mentales y hasta un peligroso delincuente, pueden acceder a este permiso. Con solo 250 soles cualquiera puede ser calificado como ‘apto’ para andar armado.

Pero ¿cuál es la razón? La presencia de mafias en la única entidad encargada de emitir estas licencias: la Dirección de Control de Servicios de Seguridad, Control de Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Dicscamec).

A LA ORDEN DEL HAMPA
Perú21 tuvo acceso a una investigación realizada por agentes de Inteligencia del Ministerio del Interior que revela las graves irregularidades que existen en el corazón de esta entidad.

El informe indica la presencia de grandes mafias que utilizan a menores de edad, no solo para que cometan crímenes, asaltos u otros actos delictivos sin recibir castigo penal, sino también para falsificar sus documentos y, así, lograr que estos obtengan el permiso para andar armados legalmente.

Los agentes descubrieron que en Huaral, un menor de 17 años, identificado con las iniciales J.M.S.C., obtuvo una licencia para portar un arma luego de que el psicólogo Carlos Cárcamo Avalo aprobara su certificado de salud mental.

Según la investigación, el profesional habría falsificado el documento. Es más, la prueba de tiro también habría sido adulterada, según las investigaciones.

NEGOCIADO
Pero las irregularidades no terminan ahí. Solo en junio último, la Oficina de la Sub Dirección de Administración de Armas de la Dicscamec dio por aceptados 99 expedientes de agentes de seguridad que tramitaban sus licencias, pese a que la mayoría de ellos solo había sido evaluado en la prueba de tiro y no cumplía con los demás requisitos.

La investigación concluyó en que un funcionario había firmado las solicitudes de manera ilegal para, presuntamente, favorecer a las empresas de seguridad Morgan del Oriente S.A.C., Bonetti Perú S.A.C. y Orelia Group S.A.S.

Otra de las revelaciones de la investigación es la presencia de mafias que operan coludidas con trabajadores de la Dicscamec para obtener el permiso a un precio de S/.250. Los timadores, en acuerdo con los funcionarios, ofrecen las licencias en los exteriores de la entidad.

Casos como estos abundan. Solo en lo que va del año, 200 personas habrían obtenido estos permisos de manera ilegal.

MANO DURA
Para el congresista del partido Alianza Por el Gran Cambio, Yehude Simon, el panorama es alarmante.

El parlamentario asegura que debe haber una reestructuración de la Dicscamec y una investigación profunda. “Lo más grave del caso es que a la gente que ha investigado esto, que debería ser premiada o promocionada, le dicen hasta aquí nomás y los cambian a otras regiones”, asegura.

Simon presentó la investigación ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, en presencia del premier Juan Jiménez.

MANO DURA
El jefe de la Dicscamec, Jorge Carcovich, aseguró a Perú21 que la mencionada investigación fue iniciada el pasado 12 de marzo, cuando él empezó su gestión.
Precisó que la mayoría de irregularidades se cometieron bajo la administración anterior. “Estamos tratando de corregir estas cosas. Nuestra gestión es tolerancia cero en cuestión de conductas funcionales. Las investigaciones continuarán”, sostuvo.

Por su parte, el ministro del Interior, Wilfredo Pedraza, anunció una política de reforma estructural en la mencionada entidad. Señaló que los responsables de los malos actos serán sancionados.

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