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Martes 15 de enero del 2013 | 16:29

Dicho poder del Estado invertirá S/.22 millones en la refacción del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima y habilitará un área especial en el penal de Ancón II para los infractores mayores de 18 años.

(USI)
(USI)

Ante la fuga masiva que se produjo en la víspera de Año Nuevo, el Poder Judicial invertirá 22 millones de soles en la mejora de la infraestructura del Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, más conocido como ‘Maranguita’, y habilitará un ambiente especial para jóvenes infractores mayores de 18 años en el penal de Ancón II.

En su presentación ante la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, el gerente general del Poder Judicial, Mario Huertas, dijo que ya hay un perfil aprobado de las obras y está en marcha el estudio de factibilidad.

Tras señalar que ello será financiado con recursos propios de ese poder del Estado, el funcionario explicó que la habilitación de un área en el penal de Ancón II (que pertenece al INPE) permitirá albergar a 250 jóvenes infractores mayores de 18 años.

Por su parte, el presidente del Poder Judicial, Enrique Mendoza, remarcó que el traslado de los menores de ‘Maranguita’ a otra sede se realizará a través de un proceso que demandaría entre 1 a 2 años.

Indicó que se estudia la posibilidad de obtener un beneficio económico vendiendo el local de ‘Maranguita’ o convertirlo en otra dependencia de su jurisdicción, una vez que sea refaccionado.

En otro momento, refirió que en el Perú existen 1,588 jóvenes internados en los 10 centros de rehabilitación que existen en todo el país. Insistió en la necesidad de ampliar la infraestructura de estos locales.

“Se trata de una cifra que no guarda relación con la experiencia personal que tiene cada uno de nosotros. Tenemos el pálpito que hay muchos más jóvenes delincuentes que no están internados”, anotó.

Mendoza invocó al Parlamento a acelerar la aprobación de la iniciativa del Ejecutivo que permitirá trasladar a los jóvenes mayores de 18 años a cárceles, ya que se disminuirá el número de infractores de los centros de rehabilitación.

En esa línea, desestimó la posibilidad que la administración de los centros de readaptación pase a manos del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

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