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Martes 21 de febrero del 2012 | 08:14

Otra vez en el ojo de la tormenta. La 51 Fiscalía Provincial Penal lo denunció por estafa, fraude procesal y falsedad genérica.

La pena por el primer delito es de seis años de cárcel. Por los otros dos es de cuatro. (USI)
La pena por el primer delito es de seis años de cárcel. Por los otros dos es de cuatro. (USI)

El círculo se sigue cerrando en torno a Guillermo Alarcón Meléndez no solo en el ámbito deportivo. El presidente de Alianza Lima acaba de ser denunciado penalmente por la 51 Fiscalía Provincial Penal de Lima como presunto autor de los delitos de estafa, fraude procesal y falsedad genérica en agravio de la cooperativa Ábaco y del Estado.

La fiscal Mirtha Chenguayén Guevara encontró indicios razonables de la comisión de los ilícitos penales por parte de Alarcón y de su esposa, María Elena Villarán Cochella, quienes fueron denunciados por Ábaco por una deuda ascendente a 1’037,934 dólares, monto que se hallaba garantizado desde el año 2000 por hipotecas sobre dos inmuebles de la pareja en Monterrico y en San Borja.

Ocurre que Ábaco no pudo ejecutar las hipotecas porque se dio con la sorpresa de que la pareja Alarcón-Villarán contaba con una deuda de US$2’600,000 que estaba en proceso de disolución y liquidación en Indecopi.

Según la denuncia fiscal, Alarcón y su esposa firmaron un contrato de transferencia de acciones con la empresa Pan American Timber para la exploración, desarrollo y explotación de la concesión minera Malgama, ubicada en Ayacucho. Para ello, ‘Pocho’ asumía la deuda mencionada y se comprometía a pagarla así: US$30 mil a la firma del contrato y US$15,838.79 desde mayo de 2005 hasta mayo de 2020. O sea, en 15 años.

La fiscal Chenguayén llega a la conclusión de “la naturaleza fraudulenta de esta presunta nueva deuda” por dos cosas: primero, porque “los supuestos adquirientes no efectuaron ninguna acción” en relación con la concesión minera, que encima fue dada de baja por el Instituto Geológico y Metalúrgico (Ingemet) el 25 de octubre de 2006; y segundo, porque al momento de la firma del contrato Alarcón se encontraba en Infocorp y tenía varios procesos de ejecución de garantías, por lo que era lógico que pudiera acceder a un crédito de casi tres millones de dólares.

Para continuar con la maniobra, las partes designaron como árbitro al abogado Óscar Hugo Aguilar Cervantes, quien debía resolver cualquier controversia. Y, ante la supuesta falta de pago de Alarcón, Aguilar emitió un laudo que generó un proceso concursal y, posteriormente, la disolución y liquidación de la sociedad conyugal en Indecopi, lo cual impidió que Abaco pudiera cobrar las garantías.

SABÍA QUE

- Alarcón afronta juicios en el 36 Juzgado Penal (delitos de fraude en la administración de personas jurídicas y falsedad ideológica) y en el 31 Juzgado Penal (delitos contra la fe pública y contra la administración pública).

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