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Domingo 12 de febrero del 2012 | 11:53

A través de un decreto legislativo, el Gobierno declara de interés nacional y ejecución prioritaria estas acciones. La norma también establece que la titularidad de concesiones no autoriza las actividades de exploración y explotación.

También se establece la remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches. (Andina)
También se establece la remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches. (Andina)

El Gobierno publicó hoy un decreto legislativo que aprueba acciones de interdicción contra la minería ilegal en la región Puno, así como la remediación ambiental en las cuencas de los ríos Ramis y Suches.

La norma declara de necesidad pública, interés nacional y de ejecución prioritaria las acciones de interdicción de la minería ilegal en Puno, principalmente en Pampa Blanca, Vizcachani, Ananea y Chaquiminas en el distrito de Ananea en la provincia de San Antonio de Putina.

Además comprende a Anccocala del distrito de Cuyo Cuyo (provincia de Sandia), en Huachan del distrito de Crucero (provincia de Carabaya) en la cuenca del Río Ramis, y en el distrito de Cojata (provincia de Huancané) en la Cuenca Transfronteriza (con Bolivia) del río Suches, y en otros ámbitos como Lechemayo Chico, Carmen y Loromayo (provincia de Carabaya).

Las acciones de interdicción y la remediación ambiental de las cuencas de los ríos Ramis y Suches busca garantizar la salud de la población, la seguridad de las personas, la recaudación tributaria, la recuperación y conservación del patrimonio natural y el desarrollo de actividades económicas sostenibles.

La norma también establece que la titularidad sobre concesiones mineras, así como la simple presentación del petitorio minero o la solicitud de certificación ambiental u otras autorizaciones relacionadas a la autoridad minera, no autorizan el ejercicio de actividades de exploración, explotación y/o beneficio.

Para la realización de las operaciones mineras se requerirá que el titular de la concesión tenga la autorización de inicio/reinicio de operación minera, otorgada por la autoridad competente.

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