El nuevo gobierno conservador español anunció este viernes un primer paquete de medidas de rigor por un valor de 8,900 millones de euros (unos US$11,530 millones) para combatir un déficit público que, afirmó, se situará en torno al 8% del PBI en 2012.

“La primera de las peticiones que ha adoptado el consejo de ministros es un acuerdo de no disponibilidad (del gasto) por valor de 8,900 miliones de euros”, afirmó la ministra portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, en rueda de prensa al término de la reunión del gabinete que encabezó el jefe de gobierno español, Mariano Rajoy.

Asimismo, la número dos del Ejecutivo anunció que el déficit público de España se situará este año en torno al 8% del PIB, y no del 6% como había previsto el anterior gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.

“La desviación que se ha producido respecto al déficit presupuestario es sustancialmente muy superior (…) de la que había comunicado y comprometido el gobierno anterior”, aseguró Sáenz de Santamaría.

Entre las medidas decididas el viernes figura “mantener la congelación” del “sueldo de los empleados públicos”, aplicado ya este año por Rodríguez Zapatero, después de haberles aplicado en 2010 una reducción del 5%.

El nuevo Ejecutivo conservador decidió asimismo que no sean reemplazadas las plazas vacantes de todas las administraciones públicas, a excepción de servicios básicos como educación, salud y fuerzas de seguridad.

“Los empleados públicos vuelven a ser cabeza de turco para paliar las cuentas deficitarias del Estado”, fustigó el sindicato Unión General de Trabajadores (UGT) en un comunicado.

Rajoy ya había anunciado que su gobierno aplicará importantes recortes presupuestarios para reducir el déficit a 4,4% del PIB en 2012.

Dichos recortes debían ser de 16,500 millones de euros (unos US$21,340 millones) si el déficit de 2011 se situaba en 6% como previsto, pero advirtió que se verían incrementados en 10,000 millones de euros por cada punto porcentual adicional.

El gobierno anunció además “una subida temporal de determinados impuestos” para “aquellos ciudadanos que más ganan o más tienen”, entre ellos el impuesto sobre la renta.