[OPINIÓN] Gabriel Ortiz de Zevallos: “Harvey Colchado y de Machu Picchu, su sancochado”

Quería dedicar esta columna a analizar la mala comunicación en el tema de Machu Picchu, pero no puedo obviar un tema grave y preocupante. No conozco al coronel Harvey Colchado, pero si algo han demostrado él y su equipo, por las noticias que han trascendido en prensa, es que les vale madre de qué partido sea el corrupto de turno. Eso puede haberle sumado enemigos, pero claramente demuestra que ha hecho su trabajo bien, enfrentándose al poder en distintos momentos. Si ha existido presión desde el Ministerio del Interior y las altas esferas del poder para alejarlo de su trabajo, la interpretación natural es que quien la ordenó oculta algo que tiene que salir a la luz.

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Dicho lo anterior, quería usar el ejemplo de Machu Picchu para analizar la complejidad de la comunicación hoy, por la cantidad de burbujas que existen, los prejuicios que cada burbuja maneja, y la desconfianza enraizada, muchas veces con razón, entre distintos interlocutores. Si alguna lección nos deja la elección y relativa popularidad de Pedro Castillo, a pesar de haber sido el desastre de presidente que fue, es que el tema identitario tiene relevancia. El país está partido en Dios sabe cuántos grupos, donde cada uno tiene un modelo mental que tiene como un eje estructural una dicotomía “nosotros” versus “otros”. Dada la desconfianza generalizada de la que padecemos, por la impunidad, aun cuando el que es parte de nosotros no tenga mayores atributos para merecer nuestra confianza, lo preferimos a cualquier representante de los otros. Con el descrédito absoluto de la política y los retrocesos en materia de pobreza como producto de la pandemia y de la falta de crecimiento económico e inversión privada, Castillo, incluso habiendo estafado a sus electores de la manera más vil, igual mantiene cierto nivel de apoyo. Lo mismo ocurre con Vizcarra, que ojalá ahora se logre llegar hasta el fondo. Pero ese “no puedo creer en nadie” obliga a una comunicación mucho más cuidadosa, sabiendo incluso que existen razones válidas para desconfiar de ambos lados.

En el caso de Machu Picchu, por simplicidad, podríamos dividir a los grupos involucrados en: (a) turismo internacional, incluyendo visitantes y agencias; (b) gobierno nacional; (c) Gobierno Regional del Cusco; (d) Municipalidad de Aguas Calientes; (e) empresas que viven del turismo, conocedoras de cómo funciona el turismo internacional; (f) empresas que viven del turismo en Cusco, pero que no entienden bien cómo funciona el mercado internacional de turismo; (g) mafias que se benefician de rentas que extraen del turista, que necesitan tenerlo a su merced para sacarle la mayor tajada posible; (h) medios regionales y nacionales.

El problema en este caso es el de la venta de tickets, pero hay más aspectos por resolver. Quien ha viajado fuera, sabe que la venta electrónica es el default. ¿Lo saben todos los grupos anteriores? Las mafias van a defender su terreno, ¿se tuvo prueba de las mafias y lo que se perdía, para poder socializarlo en distintos lugares a tiempo? Probablemente, el Gobierno y Joinnus buscaron una solución rápida para dar comodidad al turismo internacional, clave para la actividad económica de la zona, y una adjudicación directa es más rápida, pero debió haber sido más transparente, se dio armas a la desconfianza bien y mal intencionada. Ahora resulta que la solución debe ser una plataforma estatal, ojalá la liciten con operadores especializados, porque si el Ministerio de Defensa sufrió los Guacamaya leaks por no renovar su versión Windows, ya suficientes papelones tecnológicos hemos acumulado.

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