Cárceles calientes

El vecino país Ecuador despertó el lunes pasado con un nuevo motín carcelario que dejó un preso muerto y 48 fugados. La situación está desbordada y permite que los vecinos latinoamericanos se pregunten qué tan fácil es que sucedan hechos similares en países como el Perú.

Un total de 158 ciudadanos ecuatorianos que cometieron fechorías en tierras peruanas se encuentran hoy tras las rejas de las cárceles del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Ellos, al igual que los presos de otras nacionalidades, representan un pequeño grupo de los extranjeros que arribaron al país para delinquir.

¿Qué tan lejos está el Perú de tener un resultado tan trágico como el de Ecuador en las últimas semanas? La sobrepoblación y la violencia son características de las cárceles en toda América Latina, pero especialmente en el escenario nacional esto viene desbordándose desde 2007.

Según datos del INPE, a noviembre de 2023, sus 68 penales a nivel nacional están sobrepoblados al 131% con un total de 94,642 presos intramuros. Esto pese a que la capacidad de los penales es de 41,019 personas privadas de su libertad.

De ellos, casi el 5% son de una nacionalidad distinta a la peruana. Encabezan la lista los ciudadanos venezolanos, con 3,225 reos distribuidos en todo el país. Tras ellos están los reclusos colombianos, quienes son un total de 704. Luego les siguen los ecuatorianos, con 158, y después los mexicanos, bolivianos, brasileños, argentinos, entre otros. En total, hay un aproximado de 4,500 reos extranjeros, de los cuales, venezolanos, colombianos y ecuatorianos representan el 90%.

El jefe del INPE, Javier Llaque, aseguró, en una entrevista a Perú21, que es una situación preocupante el hecho de que haya una gran cantidad de extranjeros en cárceles que no se abastecen con el espacio, por lo cual han tenido que ponerse ‘creativos’ para distribuirlos.

“Nuestra autoridad penitenciaria trata de separar (a los extranjeros) para evitar que, al ser bloques muy fuertes, logren ‘el dominio de los pabellones’. De hecho, todos los representantes (de los reos) son nacionales, aun cuando en los pabellones haya una cantidad considerable de extranjeros”, mencionó a este diario.

De todos los penales, hay algunos que han llegado a niveles de hacinamiento exorbitantes. Por ejemplo, el E.P. de Callao tiene una sobrepoblación de 505%, pues su capacidad es de 575 reclusos y actualmente cuenta con 3,462 de personas tras las rejas.

UN PLAN URGENTE

El último jueves se realizó un operativo en los alrededores del penal Castro Castro, ubicado en San Juan de Lurigancho, en el cual las autoridades del INPE y el Ministerio de Defensa encontraron más de 14 antenas repetidoras ilegales que ayudan a los reos a acceder a servicios de línea telefónica e Internet hasta cuando no haya electricidad en la zona.

Los aparatos estaban cerca del penal en una zona urbana, por lo que el jefe del INPE lamentó, en conversación con Perú21, que vecinos se presten para actividades ilícitas.

“Ellos creerán que lanzar una señal no implica cometer delito, pero ya se iniciaron las investigaciones que no están en nuestra esfera, sino de la Policía y del Ministerio Público, y sus resultados lo sabremos en las próximas semanas”, indicó.

¿Qué se puede hacer con aquellos delincuentes extranjeros que van más allá de los límites de las cárceles? Renán Núñez, consultor de riesgo político y económico, mencionó a este diario que de la población penal extranjera, el 33% están detenidos por delitos de tráfico ilícito de drogas, por lo que a muchos de ellos los capturan en los aeropuertos de Lima cuando ingresan o cuando ya están dentro del país.

“Entiendo que hay una reunión de la Comunidad Andina, ministros de Relaciones Exteriores y ministros del Interior en Lima. Sería positivo ir afinando una estrategia internacional de control de tráfico en los aeropuertos, porque, en vez de que los delincuentes vengan de Colombia o de Ecuador, se les capture en el aeropuerto de Bogotá o en el paso fronterizo de Ecuador, que es uno de los más vulnerables en Sudamérica”, dijo.

Añadió que habría la posibilidad de impulsar el uso de grilletes electrónicos con arresto domiciliario en los casos de delitos muy leves contra el patrimonio, como hurto, pero eso no depende del INPE, sino que es un tema procesal que depende de los jueces. Además, sobre el traslado de connacionales para que cumplan su condena en el país de origen, aseveró que se debe analizar cada caso.

También se refirió al intercambio de presos con otros países. “Hay que ver cuáles son los delitos que están cumpliendo los peruanos en el Ecuador y en Colombia y cuáles los que cumplen los ecuatorianos y colombianos en Perú, porque las condiciones penitenciarias para los delitos muy leves, como hurto o el robo sin fuerza, no son las mismas que el sicariato o la extorsión, u otras formas de crimen organizado. Hay que ver qué tipo de reos son para ver si el intercambio es viable. En el caso del Perú, sí sale favorable siempre y cuando el valor numérico sea igual”, argumentó.

Ecuador enviaría 100 presos peruanos

Cien presos peruanos que están hoy en las cárceles del vecino país Ecuador, el cual pasa por una crisis tras los motines realizados por bandas criminales, estarían por llegar a tierras peruanas para ser procesados.

Una carta de la Cancillería peruana del último 16 de enero, a la que accedió Perú21, muestra que, pese a la sobrepoblación advertida en los penales a cargo del INPE, el gobierno está dispuesto a seguir recibiendo reos.

La misiva tiene la firma del canciller Javier González-Olaechea y está dirigida a su par ecuatoriana Gabriela Sommerfeld. En el documento, González-Olaechea se refiere a la carta que la titular ecuatoriana envió el 5 de enero. Según indica, Sommerfeld solicitó al Estado peruano “cooperar con el traslado de ciudadanos (peruanos) privados de su libertad en Ecuador” basándose en un acuerdo suscrito entre Perú y Ecuador el 11 de agosto de 1999.

La respuesta del titular peruano asegura la disposición del gobierno por ayudar en el recibimiento de los 100 connacionales y acelerar el proceso por ser una “situación de emergencia”.

“Teniendo en cuenta las estrechas relaciones que existen entre nuestros países, así como la difícil situación generada en Ecuador, le transmito la mejor disposición del Perú de cooperar en el traslado de los referidos ciudadanos peruanos”, responde González-Olaechea.

Al respecto, el jefe del INPE, Javier Llaque, aseguró a este diario que este es un procedimiento técnico, pues no es una expulsión masiva de condenados.

“El Perú ha entregado a tres ecuatorianos para que cumplan su pena en Ecuador en estos últimos años. Aunque debo decir que sus cárceles solo tienen hacinamiento del 10%”, aseveró Llaque.

“Tenemos 3,225 venezolanos; no deja de ser preocupante”

Javier Llaque, jefe del Instituto Nacional Penitenciario

El jefe del INPE, Javier Llaque, conversó con Perú21 para dar a conocer la situación del hacinamiento en los centros penitenciarios y la población extranjera que está dentro.

¿Cómo evalúan el crecimiento poblacional de extranjeros dentro de los penales?

A nosotros nos preocupa el crecimiento de la población penitenciaria, no solo la de extranjeros, también la nacional, y nos preocupa porque la situación actual del INPE es de un hacinamiento del 130% en promedio.

En 2017 teníamos 50 venezolanos en todo el sistema penitenciario, luego en 2018 ya teníamos 200. Si se compara con 2017, era cuatro veces más, lo cual era muy preocupante, pero era resultado de la migración venezolana. En estos momentos, tenemos exactamente 3,225 venezolanos. No deja de ser preocupante, pero, como siempre decimos, no estamos para quejarnos, sino para asumir los retos.

¿El Gobierno comparte la preocupación del INPE?

Cada institución asume su propia responsabilidad. Yo no puedo ir ante el Poder Judicial y decirle no entra un interno más porque ya estamos hacinados. Así no funciona el sistema en nuestro país.

¿Qué delitos prevalecen?

En los venezolanos, mayormente delitos patrimoniales, igual los ecuatorianos. De los colombianos también, pero va de la mano con tráfico ilícito de drogas. Ambos, venezolanos y ecuatorianos, también cometen tráfico de drogas, pero mayoritariamente los delitos son contra el patrimonio y algunas de sus derivaciones.

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